Andrea Chávez les come el mandado
Quien les comió el mandado a los alcaldes de Juárez y Chihuahua fue la senadora Andreita Chávez quien desde el viernes que puso la frontera, no paró un minuto de trabajar lo mismo en colonias que en la estructura de su equipo. La aceptación que tiene entre los juarenses se manifestó también desde que llegó al aeropuerto y posteriormente cuando acudió al restaurante Los Arcos en compañía de Juan Carlos Loera quien pasó desapercibido frente a ella, ya que los clasemedieros no pararon de tomarse fotos únicamente con la legisladora Incluso el periodista Armando Chacón del Cuatro Cuatro que ahí se encontraba comiendo, estiró las piernas y logró una foto con la legisladora juarense. El sábado Andrea no paró. Llevó brigadas médicas al oriente de la ciudad. Un sector muy descuidado por los tres niveles de gobierno en asistencia social. Andreita va prácticamente sola y con la popularidad en aumento. Se vio este fin de semana en momentos en que el alcalde de Juárez Cruz Pérez Cuéllar se fue a Casar Grandes dónde gobierna el Prian a un foro de magistrados sobre reforma electoral y Marco Bonilla se concentró en la frontera para hacer amarres hacia el 2027. Pero Andrea los apabulló.
Gobernación en aprietos
La reciente protesta encabezada por Francisco Aguirre, propietario del bar Evolution, junto con empleados y familiares de detenidos, pone de relieve un problema que trasciende la simple cuestión de un negocio clausurado: la creciente desconfianza en las autoridades de Chihuahua. La detención de clientes y trabajadores bajo acusaciones de irregularidades plantea serias interrogantes sobre el actuar de la Fiscalía y la Secretaría de Gobernación.
El bloqueo de la avenida Juárez, que afecta a un punto crucial como el Puente Internacional Paso del Norte, es un claro llamado de atención sobre el abuso de poder que muchos sienten que se ha vuelto la norma. Los manifestantes, al exigir diálogo con la gobernadora, no solo buscan respuestas sobre lo ocurrido, sino también una reconsideración de las políticas que rigen estas intervenciones.
La justificación dada por las autoridades, basada en la presencia de una menor de edad en el bar, no puede ser excusa para la detención indiscriminada de personas ajenas a cualquier delito. Esto refleja un patrón preocupante en el que las operaciones de seguridad se convierten en un mecanismo de control que afecta a inocentes, generando un clima de miedo y resentimiento.
El impacto de esta situación va más allá de la actividad del bar Evolution. Afecta la percepción pública sobre la seguridad y el respeto a los derechos ciudadanos. Si las autoridades no actúan con transparencia y justicia, las repercusiones serán más que manifestaciones; se traducirán en una ciudadanía cada vez más descontenta y, potencialmente, en un aumento de la tensión social.
La situación exige un replanteamiento de cómo las autoridades manejan la seguridad y los derechos humanos. Los empresarios, trabajadores y ciudadanos tienen derecho a un entorno donde se respete la legalidad y se eviten abusos de poder. La respuesta del gobierno de Chihuahua a estas demandas podría marcar la diferencia entre un diálogo constructivo y un conflicto social más profundo. Es hora de que las autoridades escuchen y actúen con responsabilidad, antes de que la situación se desborde.
